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Educación indagaba filiación política en colegios fiscales

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Una nueva denuncia se suma en contra de la ministra de Educación, Gloria Vidal. Esta vez, porque supuestamente dispuso realizar un mapeo en los planteles educativos fiscales sobre la filiación política y gremial de rectores, vicerrectores y estudiantes. Sobre ella pesa un pedido de juicio político, por un presunto mal desempeño en su cargo.

Ayer, el asambleísta Jorge Escala (MPD) denunció que la Cartera de Estado ordenó, el 10 de noviembre pasado, a los directores provinciales de Educación que realizaran un mapeo en los planteles educativos.

Este consistía en llenar una ficha en la que se informara si la institución participaba en movilizaciones, el tipo de filiación política o gremial de sus autoridades, docentes, estudiantes y el grado de afinidad con "el proceso". Aunque no se aclara a qué proceso se refiere, para Escala significa el proyecto político del Régimen.

"Constituye un acto pesquisable, al puro estilo de los regímenes fascistas. Estas disposiciones son la expresión de la consolidación del proyecto autoritario del correísmo, que profundiza la criminalización de la lucha social, el derecho a la opinión y a la organización gremial y sindical. Se están implementando acciones discriminatorias contra los docentes en razón de su ideología o filiación política", criticó Escala.

La solicitud de mapeo fue hecha por Oswaldo Redrován, a nombre del Ministerio. Él era asesor de Vidal hasta ayer, cuando se decidió removerlo de sus funciones, "por haber solicitado, a nombre de la Ministra de Educación, (está en Argentina), información no autorizada a las Direcciones Provinciales", señaló un boletín de esa Cartera de Estado.

Asimismo, el ministro de Educación encargado, Pablo Cevallos, a través de un comunicado de prensa, aseguró desconocer el mapeo. "Dicha solicitud contraviene las políticas de gestión de este Ministerio, que en ningún momento se ha interesado por la filiación política o gremial de autoridades de centros educativos, docentes o estudiantes, y mucho menos ha requerido ese tipo de información".

Norma Alvear, directora provincial de Educación de Pichincha, aclaró que no está al tanto de los detalles de esta solicitud. "Voy a conversar con el departamento de Comunicación Social porque desconozco con claridad lo ocurrido. Solo me dijeron que la acción quedó sin efecto", dijo.

Las críticas de varios sectores no se han hecho esperar. Para el asambleísta Andrés Páez (ID), la solicitud atenta contra los derechos de los trabajadores. Y planteó que se debería iniciar una investigación por violar la Constitución y las normas internacionales sobre el trabajo.

Asimismo, el legislador Paco Moncayo (Municipalista) cree que este "espionaje" no es nuevo en el Régimen. La razón, según recordó, el Gobierno ha "hecho investigaciones a todos los funcionarios públicos para determinar quién era despedido". Aunque es escéptico sobre una posible indagación, porque "todos los órganos de control están bajo el poder del Gobierno", cuestionó.

Lady Morales, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), dijo que "esta es otra forma del Gobierno de perseguir políticamente a quienes están en contra de Correa". Por ello, anunció que se reunirá con los líderes estudiantiles para analizar la aplicación y repercusiones del mapeo.

Para Jorge Andrade, rector del Colegio Mejía, este tema era totalmente desconocido. "Lo único que me pidieron fue el archivo de docentes, por el concurso de méritos y oposición para cubrir las vacantes", explicó.

El Comercio sabado 16.11.2011

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